EL PRINCIPIO DISPOSITIVO Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Un Modelo a seguir para la Organización del Distrito Federal.

Desde los orígenes de la creación del Estado mexicano se proclamaba el surgimiento de un forma de estado que permitiera a las regiones que se tenían en aquel entonces una unión y que se formara un Estado Federal que resolviera los problemas que se tenían. Fue novedoso este cambio y esta forma de gobierno, pues se cimentaba en una nación con diferente cultura a la norteamericana de donde se recogió esta idea del sistema federal.

El nacimiento del Distrito Federal, a partir de la creación de la Federación, traería grandes retos sobre todo tratándose de su autonomía y su gobierno, la distribución de competencias no ha sido equilibrada sin olvidar que el Distrito Federal no es un Estado como tal, pero si es una entidad federativa, que no goza de una Constitución Política Estatal, sino de un Estatuto de Gobierno, por cierto que limita la autonomía de un gobierno, mismo gobierno que es electo por el sufragio universal.

El caso de España es merecedor de un análisis, puesto que no es un Estado Unitario o Federal, retoma más bien una nueva forma de organización basada en la autonomía de las regiones, mismas regiones que conforman el Estado Español pactándose es sus estatutos de autonomía la no intromisión del Estado regional hacia sus conformadoras.

La pluralidad de identidades es donde prevalecen los valores de desarrollo político como la coexistencia, además no tiene por que existir una división por la ideología cultural en el que se desarrolle cada región.

Uno de los temas centrales en esta autonomía regional es el punto de vista que se maneja al precisar que la distribución de competencias entre el Estado Regional y las Regiones autonómicas no tiene por qué preocupar en demasía lo importante es que se resuelvan los problemas que aquejan a la población en general. Así, lejos de buscar soluciones jurídicas que retrasen el desarrollo en la población lo que se busca es una solución política, a través del entendimiento y la cooperación, pero sustentado en un ordenamiento jurídico pactado de común acuerdo.